Por Claudia Rodríguez Santiago
Adriana Morlett desapareció en Ciudad Universitaria el 6 de septiembre de 2010, sus padres, que la educación y conocían perfectamente sabían que algo malo le había pasado por lo que acudieron a las autoridades del Distrito Federal para pedir el apoyo para buscarla… sólo recibieron la respuesta que, quizá, hagan cientos de veces al día, “hay que esperar 48 horas para iniciar la investigación, porque lo más seguro es que se haya ido con el novio”.
Sin embargo, no fueron 48 horas las que esperaron sino días, meses, tiempo suficiente para que él o los responsables limpiaran sus huellas, desaparecieran el cuerpo y burlaran a la justicia. Pese a que en diciembre de 2010 encontraron restos de un cuerpo de mujer en Tlalpan, no fue sino hasta la semana pasada cuando unas antropólogas forenses argentinas confirmaron que pertenecían a la estudiante de arquitectura.
Desde su desaparición, los padres de la joven llegaron a la capital el país y ante la ineficiencia de la Procuraduría General de Justicia (¿?) del DF decidieron hacer sus propias investigaciones (como lo han hecho muchos padres a pesar de que esos zánganos reciben un salario). Pese a que aportaron datos e información importante que bien pudieron llevar a la detención del o los asesinos y quizá hasta pudieron salvar a la joven, ni los pelaron.
Hasta el la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde Adriana estudiaba, la encargada de la Biblioteca Central les dio con la puerta en las narices negándose a dar información que podría haber aportado alguna pista; las autoridades de la casa de estudios dijeron que no podían hacer nada porque la mujer es sindicalizada. Ojalá ella nunca viva u drama así.
Lo mismo les sucedió con el único que vio por última vez a la joven con vida y quien, para muchos ciudadanos, es el responsable de los hechos, Mauro Alberto Ramírez Romero, quien se presentó ocho días después de la desaparición a declarar ¡con abogado y amparado¡, cuando sólo era testigo.
El día de su desaparición Adriana pasó a la Biblioteca Central por un libro y al salir de ahí la estaba esperando Mauro Alberto, a quien acompañó a su departamento para ver un sillón. Él declaró que no se tardó mucho y que después la acompañó a la estación Copilco del Metro a tomar un taxi, que no se fijó en el número de placas de la unidad ni del conductor. Fue la última vez que la vio.
Curiosamente, el libro que Adriana sacó de la Biblioteca Central fue devuelto pero la empleada del lugar no sabe quién ni cuando lo regresó. El joven, seudo estudiante de Psicología y con 25 años de edad, canceló el contrato del departamento que rentaba y, supuestamente, regresó a vivir con su madre.
Este hombre, al principio muy colaborador, después acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a solicitar su intervención porque, aseguró, las autoridades lo estaban hostigando.
Esta es una más de las historias que a diario ocurren en este país, donde las autoridades son insensibles al dolor ajeno, donde a los únicos a los que le ponen atención es a los que tienen poder adquisitivo o político.
Da coraje ver cómo para los pudientes de inmediato se ponen a investigar, sin esgrimir el estúpido argumento de que hasta después de 48 horas de desaparecida alguna persona pueden empezar a investigar, cuando ya muchas veces no hay nada qué hacer.
Cuándo será el día que la justicia se aplique como debe de ser, cuándo será el día en que unos padres afligidos lleguen a buscar ayuda y la encuentren acompañada del buen trato, amabilidad que desde el Procurador hasta el último de los empleados dispensan a los poderosos. Y así pretenden que la ciudadanía les dé el voto para que sigan aumentando sus fortunas personales y detentando el poder.
Sin embargo, no fueron 48 horas las que esperaron sino días, meses, tiempo suficiente para que él o los responsables limpiaran sus huellas, desaparecieran el cuerpo y burlaran a la justicia. Pese a que en diciembre de 2010 encontraron restos de un cuerpo de mujer en Tlalpan, no fue sino hasta la semana pasada cuando unas antropólogas forenses argentinas confirmaron que pertenecían a la estudiante de arquitectura.
Desde su desaparición, los padres de la joven llegaron a la capital el país y ante la ineficiencia de la Procuraduría General de Justicia (¿?) del DF decidieron hacer sus propias investigaciones (como lo han hecho muchos padres a pesar de que esos zánganos reciben un salario). Pese a que aportaron datos e información importante que bien pudieron llevar a la detención del o los asesinos y quizá hasta pudieron salvar a la joven, ni los pelaron.
Hasta el la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde Adriana estudiaba, la encargada de la Biblioteca Central les dio con la puerta en las narices negándose a dar información que podría haber aportado alguna pista; las autoridades de la casa de estudios dijeron que no podían hacer nada porque la mujer es sindicalizada. Ojalá ella nunca viva u drama así.
Lo mismo les sucedió con el único que vio por última vez a la joven con vida y quien, para muchos ciudadanos, es el responsable de los hechos, Mauro Alberto Ramírez Romero, quien se presentó ocho días después de la desaparición a declarar ¡con abogado y amparado¡, cuando sólo era testigo.
El día de su desaparición Adriana pasó a la Biblioteca Central por un libro y al salir de ahí la estaba esperando Mauro Alberto, a quien acompañó a su departamento para ver un sillón. Él declaró que no se tardó mucho y que después la acompañó a la estación Copilco del Metro a tomar un taxi, que no se fijó en el número de placas de la unidad ni del conductor. Fue la última vez que la vio.
Curiosamente, el libro que Adriana sacó de la Biblioteca Central fue devuelto pero la empleada del lugar no sabe quién ni cuando lo regresó. El joven, seudo estudiante de Psicología y con 25 años de edad, canceló el contrato del departamento que rentaba y, supuestamente, regresó a vivir con su madre.
Este hombre, al principio muy colaborador, después acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a solicitar su intervención porque, aseguró, las autoridades lo estaban hostigando.
Esta es una más de las historias que a diario ocurren en este país, donde las autoridades son insensibles al dolor ajeno, donde a los únicos a los que le ponen atención es a los que tienen poder adquisitivo o político.
Da coraje ver cómo para los pudientes de inmediato se ponen a investigar, sin esgrimir el estúpido argumento de que hasta después de 48 horas de desaparecida alguna persona pueden empezar a investigar, cuando ya muchas veces no hay nada qué hacer.
Cuándo será el día que la justicia se aplique como debe de ser, cuándo será el día en que unos padres afligidos lleguen a buscar ayuda y la encuentren acompañada del buen trato, amabilidad que desde el Procurador hasta el último de los empleados dispensan a los poderosos. Y así pretenden que la ciudadanía les dé el voto para que sigan aumentando sus fortunas personales y detentando el poder.
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